Por Carlos Luján Andrade
El debate generado por la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, de aumentar el sueldo al personal de las FFAA y la Policía Nacional si es que se elimina la Cédula Viva -tal como se hizo hace algunos años cerrando el Decreto Ley 20530- ha puesto en cuestión la naturaleza del origen de la elaboración de leyes. Es por ese motivo que es preciso considerar que su redacción trae consigo una gran responsabilidad por los efectos que genera a la sociedad. Cuando se propone la aprobación de una ley en el Perú se tiene la equívoca costumbre de que la prensa sea quién lime las asperezas que vienen de origen, de tal forma que las críticas generadas por diversos sectores afectados y lo que no, sean quienes cuestionen los vacíos que debieron ser cubierto por los redactores de esta y es en ese proceso en que recién se consideran los factores sociales que toda norma conlleva.
Leo con preocupación que tanto la Ex Ministra de Economía Mercedes Aráoz, Cecilia Blume (C&B Consult) o el renombrado especialista en Derecho Laboral, Jorge Luis Toyama, utilizan criterios económicos para defender tal propuesta. Si bien su pragmatismo les hace analizar con claridad esta distorsión salarial en el que el personal en retiro gana igual que el que se encuentra en actividad, no deja de causar cierta comprensión de que dicha manera de apreciar un problema cause tanto rechazo en las personas afectadas. Por un lado está la naturaleza de los derechos adquiridos (un derecho adquirido no puede ser quitado bajo ninguna circunstancia), y por el otro, el de los hechos cumplidos (la ley puede modificar la situación existente de manera inmediata) y bajo esa premisa están uno y otro bando cuando se intenta debatir sobre el tema porque la condición el Gobierno la plantea de esta manera: “Yo no subo los sueldos si es que no elimino la cédula viva, ya que si mantenemos lo segundo, no se puede hacer lo primero y de hacerlo podemos quebrar”. Colocando al sector activo (que no puede manifestarse pero dejan en claro su sentir a los que están ad portas del retiro y más aun, los retirados que curiosamente no son los afectados, pero que la defienden porque se les deslegitima un derecho) en contra del la opinión pública, intentando el Gobierno dejar en manos de los mismos afectados, la decisión final (al menos su aprobación). Es una estrategia poco seria de un poder del Estado que debería de considerar todas las consecuencias de una normatividad de estas características y sobre todo de los factores involucrados.
Sería importante precisar que no podemos equipar la situación de un funcionario público civil con un miembro de las Fuerzas Armadas o Policía, por lo tanto la solución del cierre del Decreto Ley 20530 no puede emularse considerando estos antecedentes.
La diferencia no la hallamos en que sean individuos con privilegios por vestir un uniforme sino por la característica de su función. Un miembro de estas instituciones tiene un compromiso con ellas muy cerrado, sus actividades están limitadas a los requerimientos de estas: órdenes de inamovilidad, guardias, operaciones especiales, confidencialidad e incompatibilidad de trabajos con otras actividades (difícil encontrar un empleo que permita a un empleador que no puede disponer de su tiempo). Si mencionamos un ejemplo, se puede graficar la situación especial que ellos tienen: un policía está encargado de resguardar a un grupo determinado de civiles, al ser atacados por unos delincuentes, la única barrera que tienen los maleantes es este policía (debido a su entrenamiento, uso de un arma y profesión), es decir que si lo inhabilitan (asesinan o hieren) no habría ningún obstáculo para agredir a los civiles. Es decir que la vida de un efectivo policial es más importante para un malhechor que un grupo de civiles porque este representa la autoridad del Estado.
Este pequeño ejemplo muestra que un policía o miembro de la fuerza armada representa algo más que una persona civil, su profesión implica arriesgar la vida por otros, eso tiene repercusiones físicas y psicológicas. Ellos poseen una familia que también es directamente afectada por su labor (porque no saben si regresarán sanos o vivos o si son destacados a diferentes localidades).
Sus vidas son entregadas a la institución, no tienen otra opción que acogerse a ella, son preparados para cumplir una labor y no tienen la facultad de abandonar un trabajo si es que no les agrada como muchas otras profesiones. Su especialización está destinada a cumplir lo que le ordenan, no hay libertad laboral y hasta en muchos casos tampoco personal. Al retirarse de su servicio no le queda más que la experiencia de haber servido a su país, habiendo ocupado sus horas de descanso a su familia debido a la exigente labor que con el Estado se habían comprometido.
El personal encargado de resguardar y conservar la seguridad de nuestro país no son cifras con las que puedan jugar alucinados economistas, son vidas de personas que pueden verse afectadas si es que no se toma el tema con seriedad y respeto. Este asunto es un problema social del cual todavía no se manifiestan las consecuencias. Aumentar los sueldos al personal activo tampoco solucionará la carencia en la seguridad. La crisis de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se encuentra en la estructura misma de ellas, de las personas que las administran y rigen sus directivas. Un albañil no podrá construir un edificio en una semana así le den 10 mil soles por cada día de trabajo, las condiciones de los soldados que van a defender la fronteras y los policías que se enfrentan a los narcoterroristas padecen carencias graves que se manifiestan en los actos tan inconsecuentes que uno no comprende si es que por el Estado manifiesta en discursos altisonantes que se quieren hacer las cosas bien, vemos directivas tan absurdas como enviar al personal recién egresado de las escuelas a las zonas de alto riesgo, no teniendo municiones ni rancho adecuado, funcionando sus hospitales con equipos viejos y faltos de medicinas, adquiriendo vehículos de seguridad con extrañas licitaciones que burlan la legalidad, nombrando a personal inexperto para hacerse cargo de puestos claves en estas instituciones, etc.
Si no hay otra opción que eliminar la Cédula Viva para darles una mejor calidad de vida a los miembros activos, se tendrá que hacer pero a la par se debe de conocer con máximo detalle el tipo de vida que lleva un retirado de esta institución, no hay que descalificar y menospreciar su vida como lo hizo la Ex Ministra Aráoz afirmando que un jubilado no tiene obligaciones familiares y personales como uno de servicio.
La jubilación es la proyección de un miembro activo, nadie brinda lealtad a una institución que te tratará con desprecio cuando ya no le seas útil. Se debe estudiar con detenimiento la situación de un jubilado de las Fuerzas Armadas o la Policía para así enfrentar dicha situación de una manera más precisa. ¿Qué sucederá con un jubilado de estas instituciones si se enferma y los hospitales dedicados a brindarles cuidado a su salud se encuentran en paupérrimo estado? y si a esto lo aunamos a que no tiene dinero para atenderse en un clínica privada (debido a que ya no tienen el mismo sueldo de antes) ¿Estará condenado a morir o padecer de la enfermedad de la manera más terrible? El estrés que conlleva exponer su vida hasta los 65 años y el desgaste físico, los ha llevado a un deterioro de su calidad de vida sólo para servir al estado. ¿Qué ganaron ellos en todo ese tiempo? ¿Pudieron iniciar una empresa personal? ¿Con qué tiempo lo harían si la institución te pide exclusividad? ¿Cómo garantizar una mejor calidad de vida a su familia si está condenado a un sueldo fijo (cambiante con cada grado y mínimo cada cuatro años) en tiempos de libre mercado? ¿Cuál es la recompensa por exponer su vida? ¿Les han preguntado qué piensan ellos sobre la eliminación de la Cédula Viva? ¿Acaso el Estado aprovecha la desesperación de los miembros activos por tener más dinero para vender su vejez por unos pocos soles?
Si desean mejorar la situación de estas instituciones que se opte por cambiar las estructuras mismas de ellas, investigar si se maneja adecuadamente el presupuesto que ya poseen, retirar de los procedimientos internos habituales la mala praxis y los vicios que ya se han institucionalizado como las coimas en las licitaciones y la malversación de fondos que el Estado les asigna.
El Estado debe de tratar al Militar y al Policía con respeto porque de sus efectivos depende la seguridad del Estado y gracias a ellos nadie puede venir a nuestros hogares y quitarnos todo lo que tenemos pues son la garantía que las leyes se cumplirán. No podemos maltratar a quienes tienen como su máximo fin proteger nuestras vidas, ninguna otra profesión tiene esa noble labor.
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