La Protección de los Derechos Ambientales.

Observamos cierta intolerancia de las autoridades de nuestros gobiernos ante los reclamos de sectores sociales que consideran que no se reconocen todos los derechos que les otorga la Constitución Política de sus países. Actualmente, vemos en el Perú que el gobierno ha promulgado decretos legislativos que vulneran los derechos de los pueblos amazónicos favoreciendo la explotación forestal de la empresas privadas aduciendo razones aparentemente enfocadas en el desarrollo de la región y en beneficio de la población peruana. Esta situación ha generado conflictos entre diversas asociaciones indígenas y el gobierno, hasta llegar a convocar el estado de insurgencia por parte de los indígenas. La Defensoría de Pueblo ha emitido un informe de 2008 donde muestra la existencia de más de 160 conflictos sociales principalmente en temas ambientales y municipales. Vemos que existen conflictos laborales con la minería formal e informal y a nivel estatal se hacen reformas de normas que afectan profesionalmente a funcionarios públicos, privándolos de derechos sindicales así como el desmedro de su valor como profesionales.

En el caso ambiental, hay cierta actitud de favorecer -por parte de las políticas del gobierno- a las empresas nacionales y transnacionales, sin considerar los daños que se han cometido en el pasado y que cometen en el presente. Enumerar la lista de atropellos a que se han visto sometidos pueblos enteros y comunidades con antiguas tradiciones culturales, es narrar nuevamente la historia del Perú y más aún, de toda la civilización. La corrupción, la ineptitud e inoperancia de los gobiernos, generan la inconformidad de sociedades que dejan de confiar en las instituciones que aparentemente existen para defender su derecho a la vida y su desarrollo como personas.

Actualmente, vemos revueltas en el mundo como las del 2008: los motines de hambre de Bangladesh, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, India, Indonesia, Jordania, Marruecos, Senegal y Haití, donde la situación de abandono por parte de sus Estados han causado graves fracturas sociales, económicas y políticas. La mala o antojadiza concepción de la palabra “Desarrollo Económico” hace que se prefieran razones técnicas (generadas por intereses económicos) para la inversión de capital, olvidándose de incluir los derechos de las personas y las comunidades afectadas que aparentemente serían las más beneficiadas. Por colocar ejemplos a nivel global, el Banco Mundial afirma que el aumento del precio de los alimentos se debe al uso desproporcionado de tierras de cultivo para producir agrocombustibles disminuyendo considerablemente la producción de alimentos. En el Perú, estos Decretos Legislativos que afectan los derechos de las comunidades amazónicas promulgados por el gobierno, vulnerando la Constitución y la Declaración de las Naciones Unidas referida a los derechos de los pueblos indígenas, prácticamente dan carta abierta a que muchas empresas foráneas puedan apropiarse de recursos ambientales no renovables, sin considerar seriamente las consecuencias irreparables que podrían ocasionar su incursión, vemos el salvataje financiero dado a la empresa estadounidense Doe Run, que a pesar de no cumplir con aplicar el tantas veces postergado Programa de Adecuacion y Manejo Ambiental (PAMA), se le permite seguir operando en la ciudad de la Oroya, considerado uno de los lugares más contaminados del planeta.

El tema ambiental es una bomba de tiempo, un termómetro de los conflictos sociales generados por la exigencia del cumplimiento de los derechos laborales; de las reformas económicas y tributarias que los gobiernos deben aplicar. Y por qué una bomba de tiempo, porque las demás reformas o la inacción estatal (subida o eliminación de aranceles, cierre de fábricas, privatización de empresas estatales, congelamiento de sueldos, firmas de TLCs etc.) que desencadenan ciertos malestares sociales, tal vez encuentren puntos de equilibrio donde todos los sectores puedan obtener parte de los derechos reclamados, sin embargo, los conflictos que se generen por las políticas que violen los derechos ambientales, tal vez produzcan daños irreparables, donde ese punto de equilibrio sea imposible de obtener.

El Banco Mundial en un informe preparado para los ministro de finanzas del G-20, destinado a la cumbre de marzo de 2009*, revela que 46 millones de personas adicionales se verán afectadas por la pobreza y expuesta a la desnutrición y que las reservas alimentarias deberían de disminuir a causa de las sequías récord que se esperan en Argentina, Australia, el nor-oeste de China, el oeste de Estados Unidos y parte del Medio Oriente.

Es así, que el calentamiento global es una demostración clara de la inoperancia e ineptitud de gobiernos que prefirieron obtener beneficios políticos y económicos inmediatos, alimentando un discurso de progreso industrial, tecnológico y económico basado en que existe solamente una forma de concebir este concepto. Los derechos ambientales deben ser los primeros en ser atendidos por los gobiernos, no solamente por el tema eminentemente ecológico, sino porque está en cuestión un asunto que no se renueva, que si se pierde, el desborde social está casi asegurado.





*Citado por Michael T. Clare en “Geopolítica de la efervescencia social”, Le Monde Diplomatique – Edición Peruana, Mayo, 2009,